El centro de detención de Dilley, Texas, alberga hasta 2400 niños y mujeres inmigrantes que han huido de sus países de origen en busca de seguridad. Es el mayor centro de detención de familias inmigrantes de Estados Unidos, situado en una zona remota del sur de Texas. La Corrections Corporation of America (CCA ) es una entidad privada que gestiona Dilley. En 2012, la CCA gastó casi 1,8 millones de dólares en presionar al Congreso y a las burocracias federales sobre cuestiones relacionadas con la detención de inmigrantes y la legislación sobre divulgación de información. Desde las elecciones, el precio de las acciones de Corrections Corporation of America (ahora CoreCivic) subió un 43%.
La abogada del IIBA Sara MacPherson viajó recientemente al Centro de Detención de Dilley, Texas. Como voluntaria del proyecto CARA, su papel consistió en realizar «determinaciones de miedo creíble». Este proceso permite a una persona proporcionar información que puede ayudar a establecer que ha sufrido persecución o que tiene un temor fundado a sufrir persecución si regresa a su país de origen. La persecución debe basarse en uno de los siguientes motivos: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política.
Las entrevistas que Sara mantuvo durante una semana le permitieron comprender mejor la crisis humanitaria que ha obligado a estos refugiados a huir de sus países de origen. La mayoría de las mujeres y los niños huyen de la violencia en Centroamérica.
«El tiempo que pasé en Dilley me permitió comprender el largo y arduo camino que estas mujeres y niños se han visto obligados a recorrer antes de tener la oportunidad de trabajar con una agencia como el IIBA para presentar realmente una solicitud de asilo».
«Mi trabajo consistía en entrevistar a estas refugiadas y encontrar los elementos que mejor demostraran a un juez de inmigración que tenían un motivo y una pretensión protegidos para solicitar asilo en EE.UU. Me reunía con entre 10 y 15 mujeres al día y a veces sólo me daban 20 minutos para escuchar la historia de cada una».
Sin asistencia jurídica, muchas de estas mujeres son devueltas a sus países de origen y corren un peligro seguro. Sin embargo, «con la ayuda del proyecto CARA, el índice de aprobación de las mujeres que se reúnen con un abogado pro bono es del 95 al 97%», explica Sara.
Al salir del centro de detención, la mayoría de las mujeres no pueden pagar las fianzas de 2.000 a 8.000 dólares, por lo que deben llevar monitores en los tobillos. A algunas mujeres se los quitan al cabo de un mes más o menos, y otras tienen que tenerlos puestos hasta que se presente su solicitud de asilo. «En Dilley, les dijimos a las mujeres que, en el peor de los casos, se los mantendrían puestos durante un año».
Cuando Sara regresó al Área de la Bahía, recibió la noticia de que una de las mujeres que había conocido había sido puesta en libertad en San Diego. La mujer y su hijo enviaron su agradecimiento a Sara y a todos los que habían ayudado.